Así lo revela un estudio de la Universidad de La Rioja. Supervivientes y expertos exigen una herramienta política contra la primera causa de muerte no natural tras los incumplimientos de los últimos gobiernos
En 2014 todos los diputados del Congreso aprobaron por unanimidad una iniciativa para pedirle al Gobierno un Plan de Prevención del Suicidio. En 2017 lo volvieron a hacer instando al Ejecutivo a aprobarlo en un plazo de seis meses. En 2019, un tsunami de supervivientes, familiares de no supervivientes, psicólogos, médicos, profesionales de la emergencia, sociólogos y periodistas invadió las tripas del Congreso para pedir lo mismo. Y este jueves otro puñado de expertos y sobrevivientes ha reunido a los Grupos Parlamentarios en una sala inmensa del edificio donde reside la soberanía popular para exigirles que cumplan lo que votaron hace tanto tiempo tantas veces.
El universo que lucha contra la primera causa de muerte no natural en España lleva ocho años esperando que los gobiernos hagan lo que el Parlamento les pidió. Y ocho años son, según el INE, 25.911 personas suicidadas en nuestro país desde 2014 hasta 2022.
Cientos de personas han poblado la sala Ernest Lluch para elevar a los políticos una petición urgente: «Necesitamos un Plan específico porque el suicidio se puede prevenir. El suicidio no entiende de ideologías. Póngase a ello. Pasen a la acción. Denle prioridad política y dótenlo de recursos. La política puede ser transformadora de la realidad. Dejen de lado sus discursos habituales. Reúnanse y no salgan de esa sala sin un acuerdo unánime. ¿Cuántos muertos más necesitan?«.
El Gobierno aprobó hace unos meses la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 con un epígrafe específico para prevenir el suicidio y promete que durante este mes de mayo empezará a funcionar el Teléfono contra el Suicidio: 024. Muchas CCAA tienen planes, pero no están coordinadas. Y ahora se habla más y mejor de la prevención de esta lacra de 11 muertos diarios aunque sigue sin haber campañas informativas. Pero en el mundo hay 38 países con un plan estatal, coordinado y presupuestado que bajar la estadística de suicidios. Y España no es uno de ellos.
Convocado por el Teléfono de la Esperanza en una jornada llamada ‘Hagamos un Plan’, un batallón de psicólogos, médicos, especialistas en emergencias y rescates, sobrevivientes de suicidio, familiares de personas que acabaron con su vida y comunicadores ha dado a los políticos presentes en la sala datos y experiencias, cifras y letras, un sobrecogedor cargamento de razones para actuar.
Un estudio de la Universidad de La Rioja que está en marcha con 6.000 jóvenes de entre 14 y 19 años de varias CCAA arroja que el 19% «ha deseado estar muerto alguna vez en el último año», el 15% «tiene ideas de quitarse la vida» y el 7% «lo ha planificado alguna vez». «La prevalencia es que el 9,3% de los jóvenes ha intentado quitarse la vida alguna vez. Una intervención en contexto educativo reduce un 34% los intentos y un 13% la ideación suicida», argumenta Eduardo Fonseca, doctor en Psicología y responsable de la investigación. El psiquiatra del Servicio Vasco de SaludJon García Ormaza apunta: «El 19% de jóvenes reconoce ideación suicida en el último año, pero el 19% de jóvenes no puede tener algún trastorno mental. El suicidio tiene más que ver con el contexto y determinantes sociales que con la propia enfermedad mental».
«Un 61% de jóvenes ha buscado en internet y redes sociales información sobre cómo suicidarse. Si no metemos la tecnología en la prevención, nuestros planes quedarán huérfanos de eficacia», dice el psicólogo Luis Fernando López Martínez, codirector del Proyecto ISNISS de investigación de conductas autodestructivas, autolesión y suicidio del Doctorado de Psicología de la Salud de la UNED.
«Hubo un pequeño descenso de suicidios durante el confinamiento, pero después se ha producido un repunte. En agosto de 2020 hubo un 34% más de suicidios que en agosto de 2019. Han aumentado factores de riesgo como las patologías psiquiátricas, los trastornos de conducta alimentaria, las autolesiones, la depresión… Las expectativas post pandemia son desesperanzadoras», sostiene el psicólogo e investigador de la Universidad ComplutenseAlejandro de la Torre.
El bombero Sergio Tubío, pionero en la creación de unidades especializadas en intervención ante la conducta suicida, tiene más cifras: «En los últimos tres años, en Madrid hemos incrementado las intervenciones por tentativa suicida un 75%. Exceptuando las muertes naturales, el mayor número de fallecidos que vemos es por suicidio. No somos superhéroes, ni impermeables al sufrimiento ajeno. Necesitamos planes de salud emocional para los intervinientes».
En 2020, el 061 de Andalucía recibió 7.500 llamadas relacionadas con el suicidio. En 2021 fueron 9.000. «En el primer trimestre de este año llevamos más llamadas que en el del año pasado. La persona más joven que ha llamado es un niño de 11 años. La mayor, una de 95. El sistema de salud necesita recursos, profesionales y redes de apoyo para ayudar. Y debemos preguntarnos también qué estamos haciendo como sociedad», ha resumido Susana de Castro enfermera en emergencias sanitarias de Jaén.
Después de los datos abrumadores, el Congreso ha escuchado los testimonios incontestables.
El de la periodista María de Quesada, que se intentó suicidar con 15 años, tardó 20 en decírselo a sí misma y a los demás y escribió La niña amarilla: relatos suicidas desde el amor para «visibilizar y ayudar».
«NOS PUEDE PASAR A TODOS»
Se ha oído el desgarro del psicólogo especializado en tratar a profesionales que atienden la muerte Enrique Parada, que perdió a su madre por suicidio cuatro meses después de perder a su padre por otra enfermedad. «Nos puede pasar a todos. Hasta un psicólogo puede tener una venda delante. Hablemos de ello. Mi hija tiene 12 años y sabe que su abuela se suicidó. No le traumatiza saberlo. Hay que desestigmatizar en las escuelas. Hay que empezar en párvulos y acabar en los mayores que están solos».
«Cuando mi padre se suicidó nos dejó a todos en un silencio radical. Nos tuvimos que enfrentar después a los prejuicios y el estigma. El suicidio no es hereditario, ni un pecado, ni un delito. Hay que hablar de él. Hagan un Plan de Prevención del Suicidio para combatir la vergüenza. Multipliquen por cuatro la inversión en salud mental. Hay que hacer una revolución de la salud mental. Hay que salir del armario y no avergonzarnos». Es Juan Carlos Pérez Jiménez, sociólogo y autor de La mirada del suicida.
Markel, el hijo de Elena Aisa (Asociación Besarkada-Abrazo, de Navarra) tenía 22 años cuando se suicidó. «Fue una bomba que dinamitó la familia. El dolor fue in crescendo. Me consumió. Sólo sentía dolor y culpa. Es un dolor que te quema el sentido de vivir y destruye la identidad que eres. Yo era una desconocida para mí misma. Pero el apoyo social fue clave, el suicidio es prevenible. El Plan debe abordar la salud mental y la social. E incluir a los supervivientes, porque sabemos mucho de esto. Ustedes, los políticos, tienen una responsabilidad en salvar la vida de los ciudadanos. Desde la última vez que estuve aquí ha habido 11.000 muertos. ¿Cuántos más hay que poner encima de la mesa para que los políticos hagan un Plan de Prevención?».
Y con todo este apabullante material humano, estadístico, vital, científico y social, representantes de seis grupos parlamentarios han cerrado la jornada. La mañana había sabido a unanimidad, un aroma a consenso andaba por la sala. Pero en medio de sus buenas palabras, algunos diputados lanzaron pullas a las políticas pasadas y presentes de sus rivales. Y ninguno dijo cuándo se reuniría con el otro para pedirle al Gobierno que resuelva este retraso de ocho años y 25.911 muertos.
