La enseñanza constituye un derecho humano de carácter universal. Sin embargo, varios expertos en la materia han publicado un informe que establece que el sistema educativo español segrega y excluye a las personas con discapacidades.
Las normas internacionales establecen que estos jóvenes deben “tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr su desarrollo individual y su inclusión social” en condiciones de igualdad.
No obstante, tras una investigación confidencial, varios expertos de derechos humanos han concluido que, en España, la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves de su derecho a la educación.
«El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes«, señaló la Theresia Degener, presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Un sistema educativo discriminatorio
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recibió varios informes que alegaban que las leyes y políticas educativas españolas perpetuaban el modelo médico de la discapacidad. Según esta idea, “el problema” se encuentra en las personas, por lo que son ellas quienes tienen que luchar contra su discapacidad con tratamientos. Mientras tanto, la sociedad carece de responsabilidades a la hora de combatir la discriminación que sufre esta gente.
Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva.
Tras su investigación, los expertos descubrieron que España ha contribuido a un sistema discriminatorio que utiliza la ley para mantener dos modelos educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general.
«Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera», indicó Carlos Parra.
Según el informe, las personas con discapacidad acaban en un sistema de educación paralelo que consiste en centros de educación especial o aulas especiales dentro de las escuelas. Además, la falta de garantías para los mecanismos de monitoreo significa que, una vez que un estudiante abandona el sistema educativo general, él o ella permanecerá fuera.
“Un efecto del sistema existente es la invisibilización de las personas con discapacidad, dejándolas fuera del sistema general, identificándolas desde sus primeros años de vida como ‘personas que no pueden lograr como las demás’”, señala el informe de la investigación.
¿Cómo solucionar el problema?
El Comité instó a España a establecer un plan de acción en colaboración con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para que la educación inclusiva se conciba “como un derecho y no sólo como un principio”.
Contemplar la educación inclusiva como un derecho y no sólo como un principio.
El objetivo es que se elimine la educación segregada de la legislación educativa, tanto a través de unidades en las escuelas como de centros especializados, y que se establezca que rechazar a un estudiante con discapacidad constituye una forma de discriminación.
Teniendo en cuenta que los gobiernos regionales tienen competencias educativas, el Comité recomendó que se estableciesen mecanismos de supervisión para comprobar que todo el territorio facilita que estos niños ejerzan sus derechos. Estos gobiernos deben estar informados de sus responsabilidades y garantizar el derecho a la educación inclusiva.
España rechaza el informe
Por su parte, el Gobierno español ha agradecido al Comité sus observaciones, pero ha manifestado su firme rechazo al informe sobre la regulación y el trato que reciben las personas con discapacidad en su sistema educativo.
En particular, ha expresado su desacuerdo con la idea de que España niega la igualdad de derechos a estas personas y que lo hace de manera deliberada, dado que el país “ha apostado por la educación inclusiva para todo el alumnado”.
La investigación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Tras recibir varios informes sobre la educación de las personas discapacitadas en España, Coomaravel Pyaneandee, vicepresidente del Comité, y Carlos Parra Dussan, miembro del mismo, viajaron a Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga, donde se reunieron con cerca de 165 personas: funcionarios del Gobierno central y de los gobiernos regionales, representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras entidades de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.
El Comité trabaja para asegurar que los países que han ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad cumplan con sus compromisos en materia de derechos humanos. Esto incluye el compromiso de garantizar que «las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita u obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad».
