El Gobierno quiere implantar en los colegios e institutos de toda España una nueva figura que velará para que no haya conflictos ni acoso escolar. Se trata del mediador o jefe de convivencia, un profesional con dispensa para dedicarse a esta tarea en exclusiva al que estudiantes, padres y profesores podrán acudir si se produce cualquier problema en el entorno de la escuela.
Tendrá la responsabilidad, además, de «sensibilizar» a la comunidad educativa y de «garantizar el cumplimiento del protocolo de detección e intervención en casos de violencia», según se recoge en el borrador del Plan Estratégico de Convivencia Escolar, un proyecto con 75 medidas para combatir el bullying y fomentar el respeto en las escuelas. El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se lo explicará el jueves el ministro Íñigo Méndez de Vigo a los consejeros autonómicos durante la Conferencia Sectorial de Educación.
El plan -el primero de estas dimensiones que se pone en marcha a nivel estatal- es la versión ampliada, corregida y prácticamente definitiva del proyecto que el Consejo de Ministros aprobó en enero del año pasado y que surge del anuncio inicial de José Ignacio Wert de revisar los protocolos autonómicos después de que, en 2015, un alumno armado con una ballesta matara a un profesor en Barcelona. También refuerza y complementa el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos que aprobaron los ministerios de Educación e Interior en 2007 y que generalizó las charlas de policías en el aula para concienciar contra el ciberacoso.
El de ahora estaba inicialmente concebido para aplicarse entre 2016 y 2020, pero el Gobierno no pudo aprobarlo «porque estaba en funciones», según explican en el Ministerio de Educación. Así que va a comenzar con un año de retraso. Éstas son sus principales medidas:
1. Mediadores
En algunos colegios de Madrid, Andalucía, Cataluña y el País Vasco hay alumnos mediadores que, especialmente durante el recreo, se encargan de interceder en caso de conflicto. Este rol también está comenzando a surgir en su versión adulta, pero no está generalizado. El plan habla de «implementar el establecimiento de una figura de referencia responsable de la convivencia en cada centro, que tenga descarga horaria para la realización de sus funciones y que se asignará previa convocatoria y en función de unos criterios dados». Estará apoyado por una comisión mixta compuesta por el personal del centro educativo, los padres y los alumnos.
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, apunta que «el mediador suele operar cuando el conflicto ya se ha producido». Por eso aboga por «poner más énfasis en la estrategia preventiva, que se consigue con la formación del profesorado e incrementando el número de horas de tutorías, que se han reducido en los últimos años a pesar de que son imprescindibles para prevenir problemas de convivencia».
2. Formación a profesores
Educación va a «incorporar y reforzar los conocimientos y competencias requeridas relativas a la convivencia escolar» en las oposiciones de acceso a la carrera docente, tanto en el temario como en las prácticas. También se creará un fondo de becas para que los profesores puedan ir a congresos nacionales e internacionales sobre este asunto y se habilitarán espacios de formación diversos, como seminarios y cursos en red. Habrá itinerarios de desarrollo profesional en esta materia y quien quiera ser director tendrá más puntos si en su programa promueve la lucha contra la violencia en las aulas.
Los sindicatos reconocen que «se ha abandonado mucho la formación docente» y celebran estas medidas, pero consideran que el presupuesto del plan es «ridículo». Porque se necesitarían 60 millones para poder impartir a los 680.000 profesores que hay España un curso muy básico de 30 horas de duración. El plan está presupuestado en cuatro millones de euros. De ellos, 1,4 millones se han reservado para el teléfono de atención a las víctimas de bullying, una medida del plan que se puso en marcha el pasado noviembre.
3. Observatorio
El Gobierno va a «activar» el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un órgano creado en 2007 que, a lo largo de esta década, sólo se ha reunido una vez, en 2011. Méndez de Vigo pondrá en común con las autonomías un proyecto de real decreto que detalla la composición de este organismo. Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) denuncia que, en el borrador, «los alumnos están muy poco representados» en el Observatorio. «La patronal de enseñanza tiene dos vocales y nosotros sólo uno para representar a todos los colectivos de estudiantes».
4. Registro de casos
Uno de los problemas del bullying es que apenas hay datos. Por eso el plan contempla la creación de un registro de casos «que permita el estudio desagregado por edad, motivación, características de las personas víctimas y agresoras, así como encuestas y cuantas actuaciones sirvan para incrementar el conocimiento de la situación y ofrecer información para la acción». El Observatorio emitirá informes periódicos, al estilo de lo que hace el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
5. Protocolos
La mayor parte del presupuesto (1,5 millones) es para programas de cooperación territorial. Uno de los objetivos es reforzar la colaboración entre las autonomías, que tienen distintos protocolos. El Gobierno quiere que se coordine mejor todo y va a crear una red estatal de atención a las víctimas, con un procedimiento para que los acosados puedan denunciar de forma segura y confidencial y recibir atención especializada. Si piden ayuda al colegio y esto no funciona, podrán denunciar directamente al gobierno autonómico «de forma que los centros no ostentarán en exclusiva la capacidad para elevar el caso». Habrá protocolos y códigos a nivel estatal y la Inspección Educativa «reforzará entre sus funciones la supervisión de la convivencia en los centros y el control de los planes y los protocolos». El borrador también habla de «desarrollar un marco normativo de convivencia escolar que considere las diferentes realidades autonómicas».
6. Buenas prácticas
Se reconocerá a nivel estatal a los centros que hayan mejorado su convivencia y se potenciarán los planes basados en criterios científicos; habrá un manual de atención a las víctimas y guías para padres y profesores, campañas de sensibilización y una aplicación informática con geolocalización. El plan será evaluado dos veces: una a finales de 2018 o principios de 2019 y otra en 2020.
