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La sociedad contemporánea ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas. De forma paralela a estos cambios, han acaecido nuevos valores -tales como la poca tolerancia al malestar, la necesidad de obtener una recompensa inmediata y el individualismo-, que están produciendo un elevado impacto en el comportamiento de niños y adolescentes, incrementando de forma muy preocupante la prevalencia de los trastornos de conducta que, además de las consecuencias para el menor, afectan también a su entorno familiar y académico.
Si se compara retrospectivamente la generación actual con la de hace diez años, se observa un aumento significativo de la precocidad en muchas de las conductas que realizan (salir, consumir alcohol y/o sustancias, tener relaciones sexuales, etc.). Este tipo de acciones desarrolladas a edades muy tempranas se relaciona con un elevado porcentaje de riesgos y un incremento de las consecuencias asociadas a estos, tal y como se ha ido denotando a través de diferentes datos y estudios, por ejemplo, aquellos que relacionan el consumo de cannabis en el colectivo adolescente con problemas mentales y escolares (OESD, 2013) y con el fracaso escolar en España (INE, 2013).
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Ante este panorama, en los últimos años se ha elevado también la cifra de demandas de ayuda por parte de padres que alegan presentar dificultades para manejar el comportamiento de sus hijos, y que se sienten “desorientados, desbordados o perdidos” a la hora de educar a sus hijos ante los múltiples riesgos y/o potencialidades que tienen actualmente.
Con esta introducción comienza el décimo cuaderno publicado por el Observatorio de Salud de la Infancia y la Adolescencia –Fundación FAROS- del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, bajo el título “Adolescentes con trastornos de comportamiento ¿Cómo podemos detectarlos? ¿Qué se debe hacer?”, un documento a través del cual se analiza la opinión de los profesionales de la pediatría, de la salud mental, de la enseñanza y de los padres sobre los aspectos más relevantes de la detección precoz, la prevención y el tratamiento de los trastornos de conducta entre los adolescentes, con el fin de proponer recomendaciones dirigidas a cubrir las necesidades actuales para un correcto abordaje de estos problemas.
El informe ha sido desarrollado por un equipo de profesionales de la Unidad de Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Para su elaboración, se realizó una encuesta de opinión a nivel nacional en la que participaron psicólogos, psiquiatras, profesores, pediatras y padres, a los que se preguntó por los aspectos más relevantes, según la literatura científica, relacionados con los problemas de conducta.
Dado que se trata de un estudio de opinión, los resultados se basan en análisis descriptivos de las variables estudiadas. A continuación, presentamos las principales conclusiones del informe, que ponen de relieve los diferentes puntos de vista tanto de las familias como de los pediatras, los profesionales de la educación y los de la salud mental:
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Todos los encuestados coinciden al afirmar que los cambios sociales vividos en los últimos años, especialmente a partir del comienzo de la actual crisis económica, han contribuido al incremento de los problemas de conducta en los niños y adolescentes.
Las familias españolas han perdido capacidad económica en los últimos años, una pérdida de recursos que afecta, especialmente, a las mujeres y a la denominada clase media. Asimismo, a pesar de que ha habido un incremento en el número de hogares con todos o alguno de sus miembros en paro –principalmente las madres-, la principal queja de las familias es “la disminución del tiempo para compartir con sus hijos”.
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En relación con las actividades extraescolares que realizan los jóvenes, la mayoría de los padres admite que sus hijos pasan una hora diaria -o más- viendo la televisión, entre 30 minutos o una hora al día jugando a la consola, y entre media hora y dos horas haciendo los deberes escolares. Por otro lado, se observa que la mayor parte de los jóvenes no realiza actividades de refuerzo escolar y que muchos de ellos dedican menos de 30 minutos diarios a la lectura.
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Tanto pediatras como profesionales de la salud mental afirman, en un porcentaje superior al 90%, que los trastornos de conducta suponen una de las principales demandas en el ámbito de la salud mental en niños y adolescentes.
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Mientras que la mayor parte de las familias entrevistadas apuntan al trastorno negativista desafiante y al TDAH como los más prevalentes, la mayoría de los profesionales educativos coincide con pediatras y profesionales de la salud mental en señalar como casos más frecuentes las dificultades del aprendizaje y el TDAH, y en subrayar su trascendencia en la detección precoz de los trastornos de conducta, advirtiendo, a su vez, un paulatino incremento de los síntomas del TDAH en los últimos años. No obstante, sus opiniones difieren en cuanto a la franja de edad en la que aparecen. Así, mientras los pediatras afirman que la mayoría de casos que acuden a consulta se dan entre los 8 y 14 años, los profesionales de la salud mental consideran que el porcentaje es mayor en el intervalo de los 13 a los 16, encontrando en raras ocasiones trastornos de conducta en menores de 8 años. En base a su experiencia, psicólogos y psiquiatras concuerdan en afirmar que los trastornos mentales y el consumo de substancias se asocian con mayor frecuencia a los trastornos de conducta.
Para los autores del estudio, los datos anteriores evidencian tanto el relevante papel que juegan todos estos profesionales en la detección e intervención de estas problemáticas, como la importancia de la detección y preocupación de las familias. A este respecto, recomiendan dar más información a los padres, así como más recursos para atender sus preocupaciones y evitar posibles falsos negativos dadas “las graves consecuencias que esta situación podría causar a nivel personal, familiar y educativo para estos jóvenes”.
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En la misma línea que profesores y pediatras, un alto porcentaje de los profesionales de salud mental afirma que las familias de sus pacientes con trastornos de conducta se sienten desbordadas por los problemas de sus hijos, ejercen un pobre control parental y algunas se lamentan de no disponer de tiempo para estar con sus hijos. Asimismo, advierten entre estos jóvenes una serie de rasgos en común: pérdida de valor por la autoridad, baja tolerancia a la frustración y bajo rendimiento académico.
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Con respecto al momento de detección, cerca del 50% de los padres asegura que la escuela no había detectado los problemas de sus hijos, y la mayoría de ellos reconoce no haberlos comunicado tampoco al centro educativo, al considerar que “no es un problema escolar”, o por desconfiar de “la capacidad de la escuela para gestionar estos casos”, buscando con frecuencia una solución fuera del centro, principalmente en el pediatra o en salud mental. Según señala el documento, la situación planteada en el párrafo anterior podría ser un reflejo de la falta de coordinación entre los dos agentes más relevantes en la detección precoz de estos problemas de conducta: familia y escuela.
Por su parte, tanto psicólogos como psiquiatras afirman que la mayoría de los jóvenes vienen diagnosticados previamente, derivados de la escuela o del pediatra y en menor medida observan padres que consultan por el problema de su hijo por primera vez.
En cuanto a los pediatras, ellos mismos se consideran profesionales clave “para la detección y el manejo de los niños y adolescentes con problemas de conducta” que, en un elevado porcentaje, acuden a consulta “sin haber sido diagnosticados por profesionales de la salud mental”.
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Cuando se aborda el tema de los recursos, todos los profesionales concuerdan nuevamente, afirmando que los recursos con los que se cuentan para poder intervenir, ya sea desde la escuela como desde el ámbito de la salud mental, son buenos aunque insuficientes, siendo necesario incrementarlos y mejorarlos.
A pesar de realizar frecuentes derivaciones a otros recursos especializados -entre los que destacan los recursos escolares y los de salud mental públicos y privados-, los propios pediatras admiten que “conocen poco los recursos disponibles en los centros educativos” y afirman que es necesario mejorar la formación de los profesionales de la educación en la detección y abordaje de estos problemas.
En base a los resultados del estudio, se observa que el tipo de recursos en los centros educativos difiere dependiendo de su titularidad: mientras que aquellos profesores que trabajan en centros públicos indican que cuentan con más recursos de adaptación curricular, los que lo hacen en centros privados disponen de “un mayor respaldo de psicólogos y gabinetes psicopedagógicos”. En relación con lo anterior, psicólogos y psiquiatras afirman conocer en mayor grado que los pediatras los recursos asistenciales que ofrecen los centros educativos (psicólogos escolares, gabinetes psicopedagógicos, unidades de apoyo a la educación especial, etc.). Sin embargo, las estrategias propias del normal funcionamiento de las actividades docentes son poco conocidas por estos profesionales, un hecho que, a juicio de los autores del estudio, remarca la necesidad de llevar a cabo medidas orientadas a dar a conocer a los diferentes profesionales los recursos disponibles con el fin de hacer un mejor uso de ellos.
Todos los participantes coinciden también en resaltar la trascendencia de la coordinación entre el centro escolar, las familias, el pediatra y los servicios de salud mental.
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En opinión del profesorado encuestado, desde el momento en que se detectan problemas de conducta, la intervención debe llevarse a cabo de forma inmediata en los mismos centros, tratándolos en primer lugar en el aula, previa puesta en conocimiento del tutor y comunicando la situación al psicólogo escolar. No obstante, consideran que el grado de formación del que disponen para solucionar estos problemas es bajo y admiten que, en ocasiones, cuentan con poco apoyo por parte de los responsables del centro escolar, sintiéndose “desamparados” a la hora de dar respuesta a estos problemas.
En este punto, el informe se muestra tajante, subrayando la necesidad de realizar “cambios y/o una mejor gestión de los recursos educativos para poder atender estos problemas en los centros, lo que implicaría consecuencias positivas para el alumno con los problemas y facilita el correcto desarrollo de la actividad docente en el aula”.
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Con relación a la intervención en el ámbito de la salud mental, psicólogos y psiquiatras afirman utilizar con mayor frecuencia en estos casos la psicoterapia individual y la psicoterapia familiar. En menor medida, reconocen llevar a cabo terapias de grupo y prescribir fármacos.
Además, se observa que mientras la terapia familiar es implementada en mayor medida por los profesionales de los centros privados, la intervención farmacológica es la más utilizada por los profesionales de centros públicos. Ante este dato, los autores del estudio señalan dos hipótesis: por un lado, es posible que los pacientes que acuden a centros públicos presenten una mayor gravedad de la sintomatología y por este motivo el uso de las intervenciones farmacológicas sean más frecuentes en estos centros; por otro, podría ser que, debido a la presión asistencial y la falta de recursos, en estos mismos centros se recurra con mayor frecuencia al tratamiento farmacológico. Sea como fuere, esta situación, a su juicio, pone en evidencia la necesidad de ampliar los recursos asistenciales en los centros públicos para poder implementar más intervenciones familiares, ya que, “como se constata en la literatura científica, ésta es una de las que mejor resultados ofrece a estos pacientes”.
El documento finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a solventar las dificultades y problemas anteriores que han venido detectando los diferentes grupos profesionales encuestados.
El informe completo se encuentra disponible en la página Web de FAROS San Joan de Déu:
http://faros.hsjdbcn.org/es/cuaderno-faro/adolescentes-trastornos-comportamiento-como-podemos-detectarlos-debe-hacer
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