El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas denunció ayer la carencia de personal del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, encargado, entre otras cosas, de las pruebas periciales a las víctimas de violencia sexual. La escasa plantilla con la que cuenta, cuatro forenses psicólogos en plantilla, aunque dos están de baja y han contratado solo a otra persona, hace que los exámenes psicológicos sufran una demora de hasta un año, señalaron desde el colegio. «Esto afecta a las personas porque, si no se realizan las valoraciones a tiempo, no se puede intervenir. En un presunto caso de agresión o abuso sexual, hasta que no se hace la valoración no hay intervención, esto causa un gravísimo perjuicio para la persona», aseguró ayer el responsable del Área de Psicología Jurídica del colegio, Eugenio Pasamontes.
El psicólogo explicó que el «mayor número de casos» que se tratan son «casos de familia», y con estos retrasos, abundó, «se está cometiendo un gravísimo agravio con los menores que deberían de tener la máxima asistencia y nos vemos con que es el principal perjudicado».
Pasamontes explicó que no se puede «intervenir», esto es, proporcionarle al menor acogida, tratamiento o cualquier tipo de ayuda, si no se valora antes porque, de hacerse al revés, se interfiere la prueba pericial.
El decano del colegio, Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, y Pasamontes culparon al Gobierno canario, y directamente al consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, de la falta de personal del Instituto de Medicina Legal, y aseguraron que en el colegio contaban con psicólogos cualificados para realizar el trabajo y evitar el colapso.
Según relataron, hace un tiempo Presidencia acudió al colegio que puso a disposición 25 profesionales que se encargaron de una media de diez expedientes por persona. Ahora, señaló el decano, «hemos estado en conversaciones, pero no se llega a nada».
Desde el colegio se pide la externalización de las pruebas forenses para poder acabar con las demoras que están causando un problema «grave y sangrante».
«Podrían convocar plazas y aumentar la plantilla [del Instituto de Medicina Legal], cualquier número superior a las existentes estaría bien, pero, o se da el recurso o se tira de externalizaciones», afirmaron los psicólogos. «Nosotros nos ofrecemos a cubrir esa falta de recursos con profesionales formados» en el área jurídica, señaló el decano.
A juicio de ambos, tras exponer la situación en la provincia de Las Palmas, en la de Santa Cruz de Tenerife «está pasando lo mismo», con lo que estaríamos hablando de «muchísimas» personas que se encuentran esperando por la «pericia», lo que igualmente perjudica los procedimientos en curso al retrasar todo el proceso. Es una situación «hiriente», afirmó Eugenio Pasamontes.
